Los diputados del PP por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro y Bienvenido de Arriba, han ofrecido una rueda de prensa durante la mañana de este viernes para valorar la recientemente aprobada Ley de la Vivienda, así como para dar a conocer los ejes del Pacto de Estado de Vivienda que ha propuesto su partido. "Queremos un plan que contribuya a bajar el precio de los inmuebles y a incrementar la oferta ayudando a los que más lo necesitan, así como acabar con la okupación, un fenómeno que afecta a grandes tenedores, pero también a pequeños propietarios", han señalado.
José Antonio Bermúdez de Castro ha sido el primero en dar su opinión sobre una de las legislaciones que más ha dado que hablar de las ha impulsado el Gobierno liderado por Pedro Sánchez: "Es una ley sectaria que favorece a los okupas y que va a aumentar la inseguridad jurídica. También es intervencionista, porque limita el precio máximo del alquiler en las llamadas zonas tensionadas. Esto ha fracasado allí donde se ha puesto en marcha, como en Venecia, Berlín o Nueva York e incluso en España, en Barcelona. Es más, se ha dado el efecto contrario, se ha reducido la oferta y han aumentado los precios, ya que muchos propietarios han optado por vender".
El parlamentario nacional se ha referido igualmente a Pedro Sánchez ("dijo hace años que iba a construir miles de viviendas y aún no lo ha cumplido") y a las viviendas de la Sareb ("En Salamanca, solo 12 de las 353 ofertadas cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad"). Bienvenido de Arriba, por su parte, cataloga la ley como "una asociación de medidas propagandísticas de un marcado carácter ideológico".
Pacto de Estado por la Vivienda
Para hacer frente a todo lo anterior, el PP de Salamanca ha anunciado que su partido ha presentado una moción en el Congreso de los Diputados que se va a debatir el próximo martes, 9 de mayo. El objetivo es conseguir un Pacto de Estado por la vivienda que contemple medidas como las siguientes: ofrecer un aval de hasta el 15% del total de la vivienda para completar la financiación de la hipoteca que soliciten los menores solventes que no superen los 35 años y que carecen de ahorro previo; avales a la fianza de alquiler; dar una ayuda de 1.000 para la emancipación de los jóvenes y ampliar el presupuesto del Bono Joven de alquiler.
Otras medidas propuestas por el Grupo Parlamentario Popular son las de apostar por la vivenda social y la de reforzar la seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles ante el incremento de la okupación. En Salamanca, según datos facilitados por el propio partido, se registraron veinte okupaciones a finales de 2022, siete más de las que hubo en 2014, mientras que 2021 fue el año con más casos de apoderamientos ilegales: hasta 28.
Asimismo, el PP insta al Gobierno de España a impulsar reformas legislativas para que los desalojos se realicen en un plazo de 24 horas o para que se refuercen las penas por delito de usurpación con hasta 3 años de cárcel. También defienden que debería ser nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal y que se tendría que prohibir que un inmueble ocupado pueda tener la consideración de morada o domicilio.
