España, a diferencia de otros países como Reino Unido y Estados Unidos, carece de un registro nacional de exoneraciones. Este vacío ha motivado un proyecto internacional de investigación en el que colaboran dos profesores de la Universidad de Salamanca, Jaume Masip y Nuria Sánchez. La psicóloga adelantó en enero a Salamanca24horas el contenido del trabajo, pero no ha sido hasta este mes de octubre cuando se ha publicado de manera completa en un artículo científico. "Analizamos las condenas erróneas a cualquier tipo de pena que se han producido en nuestro país entre 1996 y el 2022", afirma.
Los investigadores han analizado en profundidad 447 sentencias del Tribunal Supremo. En 243 de ellas, la persona recurrente reclamó su inocencia fáctica y su revisión fue estimada. "Encontramos una sobrerrepresentación de extranjeros entre los erróneamente condenados", señala. El porcentaje de personas procedentes de otros países que fueron exoneradas es del 50% mientras que el de las que fueron sentenciadas es solo del 25%. "Los sesgos interraciales pueden influir a la hora de tomar decisiones. Tanto en los primeros niveles del proceso (momento de la detención) como en el último punto (el juez a la hora de condenar)".
Características de los casos
El proyecto recoge que, de media, se dictaban siete condenas erróneas al año y que transcurrían cuatro años y medio entre el momento de dicha condena y la sentencia de revisión que exoneraba a la persona inocente. Esta se enfrentaba de entrada a una multa (en el 46,5% de los casos) o a una pena privativa de libertad (36%), como el hombre juzgado en la Audiencia Provincial de Salamanca el 7 de septiembre de 1990. Fue condenado a seis años de cárcel por un robo que no pudo cometer al estar interno en el Centro Penitenciario de Ocaña I (Toledo).
Los tipos de delitos más frecuentes fueron los que atentaban contra la seguridad colectiva (viales, tráfico de drogas...) y la propiedad, presentes en el 76% de los casos. "Estos hallazgos sugieren que, en España, las condenas erróneas suelen asociarse con delitos que no se consideran muy graves" a diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, "donde los errores judiciales son más frecuentes en casos de delitos violentos o sexuales".
Detrás de esas injusticias hay una serie de factores. La mala praxis de los profesionales está presente en el 73% de los casos. Les siguen las confesiones falsas (28%), la aplicación inválida o inadecuada de la ciencia forense (23%), el falso testimonio (8%) y las identificaciones erróneas (7%).
Recomendaciones para evitar los errores judiciales
Los investigadores, basándose en los resultados del proyecto, recomiendan crear un organismo público para el registro y análisis de las condenas erróneas en España; implementar programas de formación para jueces, abogados y policías que traten las causas de los errores judiciales y sus posibles soluciones; y no renunciar nunca al derecho a la asistencia letrada aunque se trate de un delito contra la seguridad vial.
También aconsejan establecer estándares y protocolos estrictos para la aplicación de la ciencia forense en el sistema penal; asignar más recursos e implementar procedimientos de investigación más exhaustivos para los delitos contra la seguridad colectiva y la propiedad; y apoyar organismos internacionales que analizan las condenas erróneas, como EUREX.
