Castilla y León exige a España una "defensa férrea" de la PAC ante un recorte que "choca frontalmente" con la agricultura profesional

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha urgido este martes al Gobierno de España a una "defensa férrea" de la estructura "tradicional" de la Política Agraria Común (PAC). Tras una reunión "urgente" del Consejo Agrario de Castilla y León, González Corral ha manifestado el rechazo frontal de la Junta y las organizaciones profesionales agrarias a la propuesta del nuevo marco financiero de la Comisión Europea, al considerar que "choca frontalmente" contra la agricultura profesional de la Comunidad.

La principal discrepancia radica en la drástica reducción de la financiación propuesta, que pasaría de los 386.000 millones de euros de la PAC actual a menos de 294.000 millones. "Es un recorte inadmisible", ha aseverado la consejera. Además, la propuesta elimina los "dos pilares" fundamentales (FEAGA para pagos directos y FEADER para desarrollo rural) para unificarlos en un "único sobre". Este cambio, ha advertido González Corral, supondría que "gran parte de algunas ayudas quedarían en manos de los Estados miembro", lo que implicaría no jugar "en igualdad de condiciones".

La consejera también ha alertado sobre la pretensión de establecer un principio de degresividad que, según ella, "choca frontalmente con la agricultura profesional de Castilla y León". "Esto supone un retroceso", ha denunciado, reclamando una reunión "urgente" de las comunidades autónomas con el ministro de Agricultura, Luis Planas, tal y como ya ha solicitado en una carta conjunta con otras autonomías.

De cara al debate de la propuesta de la PAC en las instituciones europeas durante los próximos dos años, González Corral ha instado a europarlamentarios, gobiernos y Estados miembros a "defender" una PAC "justa". Ha asegurado que mantendrá contacto con eurodiputados del PP y aprovechará su turno como representante de todas las comunidades autónomas españolas en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea durante el segundo semestre de este año, coincidiendo con los "primeros debates de la futura PAC".

El Consejo Agrario también ha acordado la creación de un grupo de trabajo entre representantes de las organizaciones agrarias y la Consejería, a través de la Dirección General de la PAC, para analizar "pormenorizadamente" los documentos presentados y futuros debates, con el objetivo de lograr una política con un presupuesto "fuerte" y "sólido".

Un "frente común" ante la propuesta de la PAC

Por su parte, las organizaciones profesionales agrarias han reiterado su "rechazo frontal" a la propuesta de la nueva PAC, llamando a la "unidad" a nivel autonómico y nacional. Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León, ha advertido que la reducción presupuestaria supondrá una pérdida de 265 millones de euros para la Comunidad, cifra que ascendería a 460 millones si se considera la inflación. Dujo ha instado a "movilizar" a los gobiernos europeos y europarlamentarios para "hacer cambiar" la propuesta por una PAC "profesional, productiva y libre".

Aurelio González, de UPA-COAG, ha alertado que la Comisión Europea "quiere quitar tractores y poner tanques", ya que una parte del presupuesto se destinará a gastos de defensa, y ha insistido en la importancia de hacer "un frente común" no solo entre la Consejería y las organizaciones, sino también con el ministro, para "convencer a otros países". Asimismo, espera que el Parlamento Europeo tenga "un poco de sensibilidad" con los agricultores y rechace una propuesta que considera "insuficientemente redactada".

Finalmente, el presidente de Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha calificado la propuesta como "la antesala del desmantelamiento de la PAC", sin "una sola cosa positiva". Ha reclamado una estrategia "clara" que pase por "buscar alianzas", priorizando un aumento del presupuesto para no perder poder adquisitivo, la definición de que las ayudas deben ir directamente a los agricultores a título principal y la reducción de burocracia, además de exigir la entrada en vigor de las cláusulas espejo.