Alertan del riesgo de colapso en el Registro Civil de Salamanca por la propuesta del Ministerio de reducir la plantilla

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), principal fuerza sindical en el sector de justicia en Salamanca, ha manifestado su "más rotunda oposición y preocupación" ante la propuesta del Ministerio para reducir la plantilla de la Oficina General del Registro Civil de Salamanca. Esta reducción se plantea en el marco de la negociación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) del futuro Tribunal de Instancia de la ciudad, que comenzará a funcionar el 1 de enero de 2026.

Las RPTs fueron remitidas el pasado 2 de julio para su negociación, y STAJ ya ha presentado las correspondientes alegaciones, urgiendo al Ministerio a reconsiderar esta decisión que, aseguran, perjudicará directamente el servicio público a la ciudadanía salmantina.

La reducción inasumible de un gestor procesal

STAJ ha explicado que, en la primera fase de negociación de las RPTs, la propuesta del Ministerio mantenía la plantilla de la Oficina General del Registro Civil de Salamanca con siete funcionarios: dos Gestores Procesales, cuatro Tramitadores Procesales y un Auxilio Judicial. Esta distribución respetaba la plantilla que ha operado eficazmente durante años.

Sin embargo, en la presentación de la segunda fase de negociación, el Ministerio "incomprensiblemente" ha fijado una nueva plantilla que reduce el número de Gestores Procesales a uno, manteniendo el resto del personal.

El sindicato considera la eliminación de un Gestor Procesal como "inasumible de todo punto" dada la carga de trabajo actual de la oficina. STAJ ha argumentado que el Registro Civil de Salamanca atiende a una ciudad con casi 146.000 personas empadronadas (mil más que el año pasado), a las que se suma una población flotante de 28.000 estudiantes. Además, esta Oficina General debe dar cobertura a expedientes de localidades del alfoz como Santa Marta de Tormes (15.000 habitantes), Carbajosa de la Sagrada (8.000), Cabrerizos (5.000) y Villares de la Reina (7.000).

Aumento constante de expedientes y servicios imprescindibles

Las estadísticas oficiales citadas por STAJ demuestran un aumento considerable y constante en el número de expedientes tramitados en el Registro Civil, donde el cuerpo de Gestión Procesal es fundamental. En 2021, se tramitaron 1.091 expedientes; en 2022, 1.418; en 2023, 1.755; y en 2024, 1.789. A junio de 2025, ya se han gestionado 900, con una proyección que podría superar los 2.000 expedientes al cierre del año.

El sindicato también ha enfatizado la complejidad y el volumen de trámites diarios que se realizan en el Registro Civil, tanto para las solicitudes online como para las presenciales con cita previa: inscripciones de defunción, matrimonios (eclesiásticos, canónicos, civiles), capitulaciones matrimoniales, nacimientos, certificados de fe de vida y estado civil, y consultas, especialmente las relacionadas con nacionalidad.

STAJ ha señalado en sus alegaciones que se produce un desfase de dos gestores procesales respecto a las plantillas que deben acoplarse al Tribunal de Instancia, sospechando que uno se elimina por "negligencia o equivocación" del Registro Civil, y otro se computa "por error" cuando debería ir a la Oficina Administrativa de Atención a las Víctimas.

El sindicato es contundente: si el Ministerio detecta la necesidad de personal en otro servicio del Tribunal de Instancia, "lo que ha de hacer es incrementar la plantilla, pero nunca despojar de ella a la Oficina General del Registro Civil". Han advertido que la reducción de personal en una oficina que ya ha mantenido su plantilla durante años, a pesar del aumento de trabajo, "afectará indudablemente el servicio público a la ciudadanía".

STAJ ha cuestionado la motivación del Ministerio: "¿Qué se pretende con esta reducción de plantilla? ¿Ocasionar un atasco que no existía? ¿Con qué motivo se hace esta reducción?". Han recordado que el Registro Civil es un organismo público cuya función es dar constancia oficial sobre el estado civil de las personas, y que el "perjudicado en última instancia" será el ciudadano.

El sindicato insta al Ministerio a modificar las RPTs y mantener la plantilla actual de la Oficina del Registro Civil en Salamanca (dos Gestores Procesales, cuatro Tramitadores Procesales y un Auxilio Judicial). Asimismo, hace un llamamiento a "todos los agentes del ámbito de la justicia de la ciudad de Salamanca" para que manifiesten su desaprobación y tomen partido para mantener la plantilla actual antes de que las RPTs del futuro Tribunal de Instancia sean aprobadas.